Cancillería presenta informe de la OEA tras invocación de la Carta Democrática
Se presentó de forma oficial el Informe de la Misión Especial, de la Organización de Estados Americanos (OEA) que visitó Guatemala tras la invocación a la Carta Democrática Interamericana que realizó el presidente Alejandro Giammattei, el documento no refiere ninguna amenaza de rompimiento Constitucional. Sin embargo, presentó 11 hallazgos según su análisis coyuntural y reuniones con diversos sectores.
El informe fue presentado por el canciller Pedro Brolo y el representante de la OEA, Diego Paz.
La misión especial estuvo en el país del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2020 como una medida de prevención como lo indica el Art. 17 de la Carta Democrática Interamericana que establece: “Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática.” En este sentido, la Misión se solicitó como mecanismo preventivo para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, al basarse en la primera hipótesis contemplada en el Capítulo IV de la Carta Democrática Interamericana, según manifiesta el informe.
En la nota enviada por el presidente Giammattei se invocó el art. 17 de la Carta Democrática Interamericana que establece: “Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática.”
El 22 de noviembre de 2020, el presidente Alejandro Giammattei invocó la Carta Democrática Interamericana ante una “supuesta” amenaza del rompimiento Constitucional, es decir “Golpe de Estado”
La OEA destacó en su informe algunos puntos coincidentes y preocupaciones comunes entre la gran mayoría de actores entrevistados, sobre los cuales es necesario tomar medidas específicas:
- La percepción sobre corrupción e impunidad;
- La falta de transparencia en los asuntos públicos;
- La conformación del presupuesto 2021 y el procedimiento legislativo para su aprobación;
- La omisión legislativa en la designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de
la Corte de Apelaciones; - La necesidad de garantizar un procedimiento transparente para la renovación de la Corte
de Constitucionalidad; - La preocupación sobre los criterios de competencia de la Corte de Constitucionalidad;
- La falta de canales de comunicación adecuados entre las autoridades del Estado;
- La garantía del derecho a la protesta social;
- El uso de la fuerza pública en las manifestaciones y las presuntas agresiones contra personas
y bienes públicos; - Conocer los avances sobre las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público por
estos sucesos; y - La necesidad de contar con mecanismos permanentes de interlocución multisectorial.
Con relación al informe Brolo indicó que se tomarán en cuenta las recomendaciones dentro del marco de la Política Nacional de Gobierno que propusieron.
El canciller Brolo refirió que “el Gobierno del Presidente Giammattei, ha tomado debida nota de las recomendaciones ofrecidas en el informe, así como del análisis elaborado por la Misión Especial y, tiene interés en que la Secretaría General de la OEA, brinde acompañamiento y asistencia a Guatemala en los diversos temas en los cuales dicha Organización tiene amplia experiencia.”
Entre las solicitudes de cooperación a la OEA destacan: la iniciativa de lanzar un espacio de diálogo y concertación nacional entre los distintos sectores de la sociedad guatemalteca; el apoyo para acciones en el tema de drogas y narcotráfico con el respaldo de la CICAD; el fortalecimiento de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico y la Comisión Presidencial contra la Corrupción; mejorar el acceso a la información pública, así como el desarrollo e implementación del Programa Interamericano de Datos Abiertos para prevenir y combatir la corrupción (PIDA) y la Política Nacional de Datos Abiertos; la cooperación jurídica en temas de transparencia y lucha contra la corrupción y colaboración en la elaboración de una campaña de concientización pública y participación ciudadana para la prevención y lucha contra la corrupción.
Para estas prioridades, incluidas en la Política General de Gobierno 2020-2024, se solicitó el apoyo de la OEA y se ha venido trabajando de manera conjunta desde mediados de 2020.
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