“Una prueba de ADN” puede cambiar el rumbo de la sentencia en el caso Molina Theissen
La defensa de los militares retirados y procesados por el caso Molina Theissen, considera que Felipe Neri Espinoza Quevedo, quien asistió a la sentencia del caso, es en realidad Marco Antonio Molina Theissen, por cuya desaparición forzosa fueron condenados los militares retirados. La familia Molina Theissen fue resarcida por el Estado de Guatemala, luego que éste reconociera ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su responsabilidad en el caso. Sin embargo, el proceso en los tribunales guatemaltecos continúa y se busca el arresto domiciliar para los sindicados y una prueba de ADN que podría cambiar el rumbo de la sentencia.
Tras años del proceso en los tribunales, la abogada Karen Fischer solicitó la prueba de ADN para Felipe Nery Espinoza Quevedo y la familia Molina Theissen para confirmar su identidad, por considerar que Marco Antonio Molina Theissen está vivo. La petición fue atendida el 27 de abril de 2021, por el Juzgado Segundo “B” de Primera Instancia Penal, éste ordenó al Ministerio Público realizar la prueba en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), o bien en Costa Rica; sin embargo Fischer asegura que la Fiscalía no ha efectuado ninguna gestión.
El pasado 19 de agosto de 2021, se efectuó una audiencia, en la que Fischer presentó un memorial para que la jueza ” “conmine por escrito y bajo apercibimiento de certificar lo conducente por el delito de desobediencia”. Esto contra el responsable de no obedecer el fallo del Juzgado para la realización de la prueba de ADN.
Fischer además busca el arresto domiciliario para los militares retirados, debido a la pandemia covid-19 y que llevan 5 años y medio de prisión preventiva y 2 años y medio, que no resuelven las apelaciones especiales.
Los militares retirados fueron sindicados por la supuesta violación con agravación de la pena de Emma Guadalupe Molina Theissen y la desaparición forzosa de Marco Antonio Molina Theissen.
Antecedentes:
Durante el juicio, Emma Theissen Álvarez, narró que el 6 de octubre de 1981, un grupo armado llegó a la casa de Marco Antonio y se lo llevó, el joven entonces tenía 14 años. Theissen Álvarez indica que logró anotar la placa del vehículo, en el que se llevaron a su hijo y era el carro oficial P17675.
Según, la familia Theissen el hecho que se llevaran a Marco Antonio fue el resultado de que Emma Guadalupe Molina Theissen, una de las tres hijas de la familia, Molina Theissen había escapado de manos del Ejército, según su argumento.
La familia narra que Emma Guadalupe fue detenida por las fuerzas armadas el 27 de septiembre de 1981, durante un operativo en la ruta a occidente. Emma Guadalupe tenía 19 años y era parte del grupo guerrillero Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) y en su poder tenía propaganda de la insurgencia y material de análisis político, según su testimonio.
Emma Guadalupe compartió su testimonio, y narró cómo tras nueve días fue víctima de abusos físicos y el extremo fue no darle comida, ni agua. Ella afirmó que pese a todos los castigos no delató a sus compañeros guerrilleros ni dio ubicaciones o escondites. Luego de 9 días y, aún tuvo fuerzas para liberarse de los grilletes con las que estaba inmovilizada en un cuarto de la base militar y a través de una ventana con un vidrio movible, logró escapar. Emma Guadalupe tenía 5 meses de gestación, durante el cautiverio. Compartió además que después de escapar por una ventana, se percató que no llevaba zapatos y volvió a buscarlos.
Según Emma Guadalupe fue vista por unos militares, durante su escape y no le prestaron atención, fue así como logró escapar por la puerta principal de la base militar; pues fue confundida con una prostituta que llegaba al lugar y el único guardia que estaba en la salida, no puso atención en que fuera una prisionera.
La familia Molina Theissen afirma que la desaparición de Marco Antonio, es el resultado de la escapatoria de Emma Guadalupe. En la actualidad, Marco Antonio aún se le designa como “desaparecido”.
Sentencia contra militares retirados:
El 23 de mayo de 2018, el Tribunal de Mayor Riesgo “C”, liderado por el juez Pablo Xitumul, sentenció a los militares retirados. Aunque la defensa buscó apartar al juez, debido a que manifestó que a su papá lo mató el Ejército, la petición fue desestimada porque el Tribunal consideró que la solicitud se hizo fuera de tiempo.
Los militares condenados fueron Manuel Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor del Ejército y Manuel Antonio Callejas y Callejas, ex jefe de Inteligencia Militar; ambos sentenciados a 58 años de cárcel.
Mientras, Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, jefe de la zona militar de Quetzaltenango fue sentenciado por los delitos contra los deberes de humanidad, violación con agravación de la pena y desaparición forzosa.
Además, Francisco Luis Gordillo Martínez también jefe de la zona militar de Quetzaltenango, fue sentenciado a 33 años por delitos contra los deberes de humanidad y violación con agravación de la pena.
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