Ministerio Público solicitó retiro de antejuicio a magistrados titulares y suplentes del TSE
La Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP), presentó una solicitud de levantamiento de inmunidad en contra de los magistrados del titulares del Tribunal Supremo Electoral: • Irma Elizabeth Palencia Orellana • Ranulfo Rafael Rojas Cetina • Blanca Odilia Alfaro Guerra • Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños • Mynor Custodio Franco Flores Además los magistrados suplentes: • Marco Antonio Cornejo Marroquín • Marlón Josué Barahona Catalán • Álvaro Ricardo Cordón Paredes
La solicitud se efectuó en seguimiento a denuncia presentada el pasado 29 de junio de 2023, contra los magistrados titulares y suplentes del TSE, además del Departamento Informático de la entidad; la denuncia interpuesta es por posibles irregularidades en la suscripción del contrato administrativo para adquirir el programa informático para la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el cual se empleó durante el proceso electoral 2023. La denuncia habría sido interpuesta por los abogados Karen Fischer y Giovanni Frati.
La Fiscalía de Delitos Administrativos considera que la conducta de los funcionarios denunciados podría encuadrarse en la comisión de tres figuras delictivas. El Ministerio Público señaló que solicitar el retiro de antejuicio “no significa criminalización, es simplemente obtener la autorización para poder investigar”. Los supuestos delitos en los que habrían incurrido el TSE, se informaron mediante un comunicado éstos son: Abuso de autoridad: porque en su calidad de magistrados del TSE, posiblemente abusaron de su cargo al haber suscrito el contrato administrativo con la entidad DATASYS, S.A. y la cual recomendó como proveedor a la entidad PODERNET, siendo el mismo proveedor el que designó a un proveedor, con lo cual usurpó funciones públicas y propias del TSE.
Incumplimiento de deberes: porque en la calidad de magistrados del TSE luego de la Suscripción del contrato administrativo con DATASYS Guatemala S.A. no hubo supervisión del software por parte del TSE sino la misma entidad DATASYS Guatemala S.A. que recomendó a PODERNET realizó la misma; lo cual es ilegal por conflicto de intereses. Se estima que el TSE omitió el control de la sumatoria y la transmisión de los datos, puesto que la misma se hizo a través del proveedor extranjero de origen mexicano. Fraude: según el Artículo 450 del Código Penal; en este sentido, los denunciados, en calidad de Magistrados del TSE, algunos autorizaron la adjudicación y otros, aprobaron la suscripción del contrato administrativo con DATASYS Guatemala S.A. por Q148 millones 850,250.00 mientras que la otra entidad ofertó por la cantidad de Q113 millones 957,424.00 siendo menor el precio, por una diferencia de Q34 millones 892,826, e incluyendo hardware operativo y la infraestructura de telecomunicaciones. Según el documento del MP, los magistrados “posiblemente suscribieron el contrato administrativo utilizando artificios para defraudar al Estado al especular con el precio de mercado del software adquirido el cual debió incluir dentro del contrato el hardware operativo”.
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