Contraloría General de Cuentas podría denunciar penalmente al CHN por negarse a fiscalización
Según la información, la diputada independiente Andrea Reyes envió una carta al presidente del Banco Crédito Hipotecario Nacional (CHN), Sergio Mario Silva Lorenzana, indicándole que las anteriores autoridades del CHN no permitieron la fiscalización argumentando el secreto bancario, con relación a los 3,200 millones de quetzales destinados al CHN para programas de apoyo a las familias, por los efectos de la pandemia covid 19, el pasado 22 de octubre de 2024.
Bajo la anterior premisa, la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGC), nombró a una comisión de auditoría para dar seguimiento a la información compartida por Reyes.
La comisión de auditoría se presentó al Banco CHN a realizar auditoría, sin embargo, el 25 de octubre, tres días después, el presidente del Banco Sergio Mario Silva Lorenzana envía una carta al Contralor General de Cuentas, Frank Helmuth Bode Fuentes, que concluye con el siguiente párrafo:
“Es decir, atendiendo el marco normativo en su conjunto, es evidente que El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por su naturaleza financiera, no puede ser fiscalizado por la Contraloría General de Cuentas, lo cual tiene asidero legal de forma taxativa y categórica en la propia Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas; debiendo limitarse esa entidad a su ámbito de fiscalización, atendiendo el principio de legalidad y juridicidad que debe imperar en el ejercicio de sus funciones.
Con base a lo anteriormente manifestado reitero la improcedencia e imposibilidad de atender la solicitud planteada”.
Tras la respuesta del presidente del CHN, la Contraloría a través del equipo de prensa, informó:
“Consultado al ente contralor después de realizar los análisis técnicos respectivos a la respuesta de las autoridades de CHN tienen dos opciones, suscribir acta en donde consten los hechos y dar por no concluida la auditoría o interponer denuncia penal a las autoridades bancarias por resistencia a la fiscalización.”
Según el debido proceso, faltará conocer qué acciones legales avanzan y también que resoluciones alcanzan asidero, considerando que el CHN administra millones de quetzales públicos.
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