Convenio Interinstitucional Anticorrupción para combatir la corrupción en el Gobierno
El pasado 14 de enero, se firmó en el Palacio Nacional de la Cultura el Convenio de Cooperación Interinstitucional Anticorrupción, ésta fue una de las primeras acciones que impulsará el presidente de la República, Alejandro Giammattei.
El Convenio fue firmado por el Organismo Ejecutivo, el Ministerio Público (MP), la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Contraloría General de Cuentas (CGC), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Superintendencia de Bancos (SIB).
Dentro del Convenio se prevén los Compromisos de las partes:
- Ejercer sus funciones para garantizar el debido cumplimiento de dicho objeto, favoreciendo la coordinación interinstitucional que permita los mejores resutados de dicho ejercicio.
- Implementar una plataforma tecnológica de interconexión entre las instituciones.
- Efectuar los esfuerzos necesarios para asegurar la transparencia, rendición de cuentas y mejorar la calidad del gasto de las entidades signatarias, en el marco de la competencia de cada una de ellas.
- Proponer las reformas legales necesarias para la efectiva lucha contra la corrupción y el cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado de Guatemala tiene en dicha materia.
Designar la dependencia interna encargada del seguimiento del presente convenio y a los funcionarios responsables de la ejecución de los compromisos.- Formular acciones para la recuperación de la confianza y credibilidad en las instituciones públicas.
- Proponer procedimientos administrativos mejorados que prevengan la corrupción en las instituciones públicas, siempre en observancia del respeto al mandato legal de cada una de la partes.
- Brindar de conformidad con la especialidad y ámbito propio de cada institución, la capacitación al personal de la Comisión Técnica para el mejor desempeño de sus funciones.
- Coadyuvar para la elaboración de la política de Estado de lucha contra la corrupción; y,
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Dar seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades internacionales del Estado de Guatemala provenientes de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrrupción.
El Convenio permitirá que a nivel interinstitucional las entidades puedan coordinar acciones dentro del marco legal de su competencia, considerando además el cumplimiento de las responsabilidades internacionales como Estado, que Guatemala firmó.
La fiscal general, Consuelo Porras a través de twitter indicó que éste era un esfuerzo que lideraban el presidente Giammattei y ella, para luchar contra la corrupción.
Puede leer el Convenio Interinstitucional Anticorrupción en el siguiente link: 1451_001
En sus considerandos, el Convenio hace alusión a la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción. Es importante enfatizar en el Artículo 4 de esta Convención: “Protección de la soberanía1.Los Estados Parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a la presenteConvención en consonancia con los principios de igualdad soberana e integri-dad territorial de los Estados, así como de no intervención en los asuntosinternos de otros Estados.2.Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un EstadoParte para ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción o funciones queel derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus autoridades.”
Puede leer en el siguiente link el documento.
El Convenio también se refiere a la Conveción Interamericana contra la Corrupción que se firmó con la Organización de Estados Americanos (OEA).
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion.asp
El pasado 21 de enero, el Ejecutivo publicó en el Diario Oficial el Acuerdo Gubernativo 28-2020 que creó la Comisión Presidencial Contra la Corrupción. En el Acuerdo Gubernativo se menciona el Convenio de Cooperación Interinstitucional Anticorrupción que fimaron las instituciones arriba mencionadas.
El Convenio de Cooperación Interinstitucional Anticorrupción, consta de 5 hojas, las cuales están firmadas por el presidente de la República, Alejandro Eduardo Giammattei Falla, la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta; el procurador general de la Nación, Jorge Luis Donado Vivar, el contralor general de Cuentas, Edwin Humberto Salazar Jérez, el superintendente de Administración Tributaria, Abel Francisco Cruz Calderón y el superintendente de Bancos, Erick Armando Vargas Sierra.
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