Ejecutivo solicitó retiro de antejuicio contra magistrados suplentes de la CC, la máxima Corte responde
El caso del Banco de los Trabajadores (BANTRAB), se ha convertido en la manzana de la discordia entre el Organismo Ejecutivo y la Corte de Constitucionalidad.
El 22 de mayo, se informó de la destitución por parte del Ejecutivo, del presidente del BANTRAB, Jorge Mondal Chew, a quien, además, le presentaron una denuncia por supuestos delitos de falsedad ideológica y perjurio, según informó la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.
El 23 de mayo, Jorge Mondal, presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del secretario de la Presidencia, Juan Guerrero, y al Comisionado Contra La Corrupción, Santiago Palomo, por supuesto abuso de autoridad.
Mondal, también accionó ante la Corte de Constitucionalidad y la máxima Corte resolvió, con tres votos a favor y dos en contra, otorgar un amparo provisional que restituye como presidente del BANTRAB. Esta información se conoció el 11 de julio de 2024.
Este 24 de julio, el Gobierno de Guatemala mediante un comunicado de prensa, informó que “presentó una solicitud de retiro de antejuicio de Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, Walter Paulino Jiménez Texaj y Luis Alfonso Rosales Marroquín, magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad, quienes fueron denunciados por el delito de prevaricato.”
Según la información: “Lo anterior por haber omitido pruebas documentales incluidas dentro del proceso de Amparo 3156-2024, entre las cuales constaban informes auténticos generados por la Superintendencia de Bancos que establecen que el señor Jorge Mondal no reúne los requisitos exigidos por el artículo 17 de la Ley Orgánica del Banco de los Trabajadores para ser presidente de dicha entidad, pues no trabajó 10 años en el sistema bancario nacional previo a ser nombrado.
El Gobierno de Guatemala ha sido respetuoso de las resoluciones emitidas por la CC, a pesar de que en varias ocasiones no ha comulgado con su criterio.
El documento, concluye indicando que el Gobierno:
“no consentirá resoluciones jurídicas que ignoren hechos totalmente establecidos, dejando impunes a sus autores, ni pasará por alto resoluciones que provoquen desprestigio al sistema financiero del país”.
Tras conocerse la posición gubernamental, la CC emitió un comunicado de prensa en el cual indica:
En su comunicado, la CC se refiere a su función esencial, que constituye la defensa del orden constitucional, velando por la “defensa del Estado Constitucional de Derecho, la democracia y el sistema de gobierno republicano y representativo”. Con relación a su proceder, afirma que “siempre es objetivo, imparcial e independiente”.
La CC se refiere además a la independencia del Tribunal: “es un principio de obligatoria observancia y respeto por parte de gobernantes y gobernados. La indebida injerencia, por cualquier medio, respecto de las decisiones que asume, es punible acorde con las previsiones constitucionales y legales del país y atenta contra el principio democrático de separación de poderes.
Bajo la premisa anterior, la CC advierte: “atenta contra la independencia de esta Corte, toda acción que pretenda incidir en sus decisiones, por lo que, este Tribunal rechaza cualquier acto que intente mermar el desarrollo independiente de la justicia constitucional, y trae a cuenta que, el hecho de que sus decisiones no concedan la razón al justificable no implica que se genere violación a la Constitución”.
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