Familias guatemaltecas víctimas de usurpadores violentos en El Estor, Izabal
La Asociación en Defensa de la Propiedad Privada (ACDEPRO), evidenció a través de las denuncias de las familias afectadas por la usurpación de sus terrenos en El Estor, Izabal. Las familias denuncian que pese a que han llevado el debido proceso, después de años de procesos penales, aún no logran los desalojos.
ACDEPRO asegura que “sigue evidenciando que el discurso de victimización organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales sirven para amparar sus actos delictivos en Guatemala. Ante esta situación centenares de guatemaltecos siguen perdiendo sus propiedades a manos de un mal discurso por parte de estos delincuentes que usan el “derecho ancestral” para ingresar de manera violenta a tierras privadas, hurtar,
usurparla y destruir las casas y robarse el menaje de casa, así como apropiarse de manera ilegítima de los lotes, terrenos y fincas.”
Los guatemaltecos afectados han presentado denuncia, ésta fue interpuesta en la Comisaría 51, Cobán, Alta Verapaz, en la
Subestación 51-24 de Tucurú, Alta Verapaz, en donde consta que los usurpadores han amenazado a todos los habitantes de la región con armas de fuego de alto calibre y disparos, amenazando que deben “pagar”, por el servicio de agua o no les permitirán usar el vital líquido; pues éste fue suspendido para quienes no aceptaban el cobro ilegal.
Sin embargo, tras el conflicto los COCODES, reconectaron el servicio pero las tierras continúan usurpadas.
En su comunicado de prensa, ACDEPRO afirmó “los miembros de los COCODES San José Concepción, San Julián, San Fernando y Galilea comentaron que la ley les ha fallado debido a que ante la inacción o la lentitud de respuesta del Sistema Judicial, del Ministerio Público (MP), y la Policía Nacional Civil (PNC), los usurpadores siguen destruyendo, robando, y amenazando de muerte a comunitarios que vivían en paz, antes de su aparición.”
Miembros de los COCODES de las comunidades, afirmaron que estos grupos criminales se protegen bajo el discurso de “protección a la Madre Tierra”, pero su único interés es económico.
Dina Magaly Zepeda vecina de El Estor, Izabal, comentó acerca de la situación que debe enfrentar como líder de hogar, pues enviudó hace algunos años y junto a sus 6 hijos ha tenido que defender sus tierras, pese a tener los títulos de propiedad, no ha logrado que sus terrenos sean desalojados.
Otro de los lamentables testimonios es el de Enrique Tut Jalal, vecino del municipio de Tucurú, Alta Verapaz, quien vive en la comunidad San
José Concepción cerca de la finca Concepción, narra su historia de que existían rumores que grupos organizados pertenecientes al Comité Campesino del Altiplano invadirían sus tierras.
Tut Jalal cuenta que “fue el 13 de noviembre de 2020 decenas de usurpadores llegaron con pasamontañas y fuertemente armados a tomar las tierras de las comunidades afectadas. Los usurpadores, son provenientes de los municipios de Panzós, Chisec, El Estor y otras áreas, ninguno es nativo del área.”
Cuenta el señor Enrique Tut Jalal que centenares de personas aparecieron dentro de la finca privada Concepción la cual estaba en plena cosecha de las siembras de café cereza, y los usurpadores al momento de ingresar destruyeron maquinaría, robaron vehículos, y amenazaron a los trabajadores de la propiedad quienes desalojaron el área, por temor a su vida.
Enrique Tut Jalal comenta su familia y todas las personas que viven en la aldea de San José Concepción ubicada en el municipio de Tucurú, Alta Verapaz, son nacidos y nativos de la región, además de que la fundación de las comunidades afectadas se debe a que los dueños originales desmembraron la propiedad para poder pagar las indemnizaciones a sus trabajadores, siendo la tercera generación que vive en el lugar.
Los pobladores obtenían de manera gratuita el agua, abasteciendo a las comunidades de San José Concepción, San Julián, San Fernando y Galilea. Los grupos de invasores amparados por oenegés, asociaciones, fundaciones y políticos, rompieron las tuberías y los extorsionaron con cobros de 8 mil a 10 mil quetzales para reconectarles el servicio, algunos pobladores accedieron a la petición e igual no les resolvieron el problema.
Tras las múltiples denuncias, Rodrigo Frese, relacionista de ACDEPRO se refirió al problema que enfrentan los guatemaltecos y la usurpación a su propiedad privada.
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