Guatemaltecos despiden a la CICIG

El 3 de septiembre, concluye definitivamente el Convenio de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el cual fue dado por finalizado por el presidente Jimmy Morales.   Ante esta terminación de operaciones, le trasladaron las últimas denuncias al Ministerio Público (MP), con las cuales  terminan 12 años de su labor en el país.

Tras una serie de denuncias contra la CICIG en Guatemala, el 7 de enero de 2019, el presidente Jimmy Morales anunció junto a su Gabinete de Gobierno anunció el cese definitivo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.  La decisión presidencial se dio tras una serie de solicitudes de negociación con Naciones Unidas, al inicio por la injerencia en asuntos internos del país entre algunos de los temas.   Incluso la canciller Sandra Jovel, solicitó el cambio de comisionado, sin embargo Antonio Guterrez de la ONU no accedió a esta petición y la mesa de negociación fue mermando.

A pocos días, de concluir su labor en el país, este 29 de agosto, mediante un evento público presentaron las últimas denuncias que ahora le corresponderá al Ministerio Público (MP) y la FECI, darles seguimiento.    En este sentido, entregaron más de 60 investigaciones que fueron realizadas en conjunto con MP.   Cada expediente fue acompañado por un escrito, denuncia, memorial o ficha; además los informes criminales, financieros o policiales que les respaldan, estando la demás información y/o evidencia a disposición del MP.

Con esta entrega de información, la CICIG buscaba cumplir con la transferencia de información que se acordó como parte de su cierre de operaciones, facilitaron  la información pertinente para que el MP pueda continuar con las investigaciones de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, así como de redes político económico-ilícitas que han cooptado al Estado de Guatemala, según lo describieron.

Compartimos información de las últimas denuncias e investigaciones que presentó CICIG.   https://www.cicig.org/comunicados-2019-c/denuncias-entregadas-el-mp/

Denuncia No. 1  “Comisiones Paralelas II”

Posibles hechos de corrupción en el proceso de integración de la Corte Suprema De Justicia (Período 2014-2019).  

• Existen indicios racionales que señalan que en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el período 2014-2019 existieron negociaciones que podrían encuadrar en delitos como tráfico de influencias y asociación ilícita.

• El caso Comisiones Paralelas, presentado por la FECI y la CICIG (2018), demostró cómo la primera fase de elección de magistrados estuvo sujeta a la intervención espuria de personas externas a la Comisión de Postulación con el fin de cooptar las cortes.

• Los hechos hoy denunciados (lo que sería Comisiones Paralelas en su Fase II), se refieren a las negociaciones para elegir a los magistrados por el Congreso de la República, en las cuales habrían influido Alejandro Sinibaldi y otros altos dirigentes del Partido Patriota, Manuel Baldizón del partido LIDER y el operador Gustavo Herrera.

Conclusiones

• Las evidencias recabadas muestran que, lejos de acuerdos partidarios legítimos para la elección de funcionarios de alto nivel, las negociaciones espurias fueron para repartirse el listado de aspirantes a las magistraturas de Corte Suprema de Justicia.

• En esas negociaciones participaron Roxana Baldetti, Manuel Baldizón, Alejandro Sinibaldi y Gustavo Herrera, entre otros.

• Esto indica que los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron electos por las dos principales cúpulas políticas del país, a cambio de servir sus intereses y otorgar una protección jurídica desde su puesto en la máxima corte en el evento de que los operadores políticos que los eligieron lo requirieran. Este hecho debe motivar una amplia investigación por parte del Ministerio Público y llamar la atención ciudadana sobre el proceso que actualmente se realiza para la selección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema y Corte de Apelaciones.

• Los indicios reseñados fueron adjuntados al memorial presentado en el Ministerio Público.

Denuncia No. 2 “Espionaje y escuchas telefónicas ilegales en compañía TIGO – Acisclo Valladares Urruela”

Antecedentes

La  Fiscalía Especial Contra la Impunidad –FECI-, con acompañamiento de la CICIG, realizó una diligencia de allanamiento, registro y secuestro en el Edificio Albero, específicamente en el Apartamento Villa 12 ubicado en la 25 Avenida, 1-65 de la Zona 15 capitalina.

La actividad se realizó el día 23 de noviembre del año 2017 dentro de la causa penal MP3542-2017-13, que corresponde al caso conocido como “TIGO”, y cuya evidencia conserva el Ministerio Público.

Sobre las escuchas y seguimientos

La  Fiscalía Especial Contra la Impunidad –FECI-, con acompañamiento de la CICIG, realizó una diligencia de allanamiento, registro y secuestro en el Edificio Albero, específicamente en el Apartamento Villa 12 ubicado en la 25 Avenida, 1-65 de la Zona 15 capitalina.

La actividad se realizó el día 23 de noviembre del año 2017 dentro de la causa penal MP3542-2017-13, que corresponde al caso conocido como “TIGO”, y cuya evidencia conserva el Ministerio Público. 

Dentro de los indicios recolectados en dicho allanamiento se cuenta con los documentos identificados bajo el numeral tres y descritos como “documentos varios”, los cuales luego de ser analizados permitieron establecer que varios miembros de un partido político de oposición y personas particulares, fueron sometidos a seguimientos y escuchas telefónicas sin orden judicial, configurando un caso típico de espionaje ilegal. Los vigilados ilícitamente fueron:

• Miembros del partido político Movimiento Semilla.
• Niels Erichsen Vargas.
• María Fernanda Toriello Molina.
• Miklos Nagy Deak.

Conclusiones

• De los indicios descritos en la presente denuncia, se concluye que al parecer el señor Acisclo Valladares Urruela se aprovechó de su alto cargo dentro de la empresa de telefonía celular TIGO para tener acceso a información sensible de políticos de la oposición y particulares vinculados al ámbito empresarial, así como quien para entonces fuera su esposa.

• Los indicios localizados en el apartamento en el que residía el señor Valladares Urruela, indican que éste tenía acceso a listados de abonados telefónicos, flujogramas de llamadas telefónicas, mensajería instantánea y por supuesto a los seguimientos, escuchas e intervenciones que se producían desde el número celular de su interés, todo lo cual es información privada y protegida por el ordenamiento jurídico nacional, que requiere de una orden de juez competente para poder tener acceso a la misma.

• Para lograr las interceptaciones ilegales, el señor Valladares Urruela se valía aparentemente de la infraestructura humana y técnica de la empresa TIGO.

Denuncia No. 3 “Posibles Hechos de Corrupción en la USAC (Carlos Estuardo Gálvez Barrios)”

Hechos de la denuncia

• Ejerciendo funciones como rector de la USAC en los periodos de 2006 al 2014, Carlos Estuardo Gálvez Barrios autorizó y gestionó ante el Consejo Superior Universitario la realización de varios proyectos de obra gris y compra de terrenos.
• Con base en los hechos genéricos reportados ante la CICIG, se analizaron los procedimientos (adjudicaciones, contratos y actas del Consejo Superior Universitario), realizados bajo la modalidad de cotización y licitación.
• Dentro de estos, luego de una investigación preliminar, se identificaron 5 proyectos de obra (1 por cotización y 4 por licitación) en los que se pudo determinar que:

1) Adjudicaron proyectos a  empresas con la oferta menos favorable.

2) Presumibles sobrevaloraciones del costo de las obras.

3) Ejecución parcial y/o proyectos no terminados.

4) Modificaciones en los contratos administrativos.

Peticiones derivadas de la denuncia

• Derivado del análisis anterior, se concluye que existen elementos suficientes para denunciar hechos probablemente constitutivos de delito, por lo que solicita que se continúe con la investigación de los hechos enunciados.
• Se investigue la responsabilidad penal (participación) que pudiera llegar a tener el señor Carlos Estuardo Gálvez Barrios en los hechos que se denuncian, así como la de los integrantes de las juntas de licitación de cada evento denunciado y de todas aquellas personas que resulten involucradas.

Denuncia No. 4 “Posibles Hechos de Corrupción en la USAC (Murphy Olympo Paiz Recinos)”

Hechos que motivaron la denuncia:

• Con base en los hechos genéricos reportados ante la CICIG, se analizaron los procedimientos (adjudicaciones y contratos) otorgados por la Facultad de Ingeniería durante la gestión de Murphy Olympo Paiz Recinos, como Decano de la Facultad de Ingeniería de la USAC (del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2015), los cuales suman un total de 482 contratos.

• Dentro de estos y tras una investigación preliminar, se identificaron 62 proyectos de obra, en los que se pudo determinar:

1. Algunas de estas obras no fueron construidas.

2. En otras se escogió la oferta más alta -y se presume una sobrevaloración en el costo de la obra.

3. Existe un tercer grupo de proyectos que no se pudieron ubicar- por no ser claros los datos del concurso de adjudicación-, además de que en el lugar más próximo no existe la obra descrita en el concurso.

Asimismo, se detallan compras directas de consumibles que presentan irregularidades, en especial por la utilización de la “compra fraccionada”, modalidad que permite evadir el proceso de cotización.

Peticiones derivadas de la denuncia 

• Se continúe con la investigación del presente caso, tomando nota de los eventos puntuales que ahora se denuncian y que presuntamente constituyen los delitos de fraude, malversación y los que la agencia investigadora considere procedentes;
• Se investigue la responsabilidad penal (participación) que pudiera llegar a tener el señor Murphy Olympo Paiz Recinos en los hechos delictivos que se denuncian, así como la de los integrantes de las juntas de licitación de cada evento denunciado y de todas aquellas personas que resulten involucradas
• Que se tomen en consideración los actos preliminares de investigación aportados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, en el presente memorial.

Denuncia No. 6

Se entregaron otras denuncias, entre las que se encuentran:

   1. Corrupción Municipalidad de Nebaj, Quiché

Existen varias denuncias por obras no ejecutadas con un valor de más de Q17,000,000.00 en la Municipalidad de Nebaj, Quiché.

Las denuncias son en contra de Pedro Raymundo Cobo y Virgilio Gerónimo Bernal Guzmán, quienes  tienen una trayectoria de continuidad en la Municipalidad de Nebaj como alcaldes en diferentes periodos.

   2. Denuncia María Elizabeth Pacajá López, ex funcionaria de la Contraloría General de Cuentas.

Dentro de la Investigación del caso Corrupción Integral-Lanquín Alta Verapaz se detectaron depósitos a diversas personas las cuales, aparentemente, no tenía ninguna relación con la Municipalidad de Lanquín. Se siguió la ruta de dichos depósitos y se encontró que los mismos provenían de cobros de cheques  de la municipalidad, uno de los depósitos fue realizado a María Elizabeth Pacajá López, ex funcionaria de la Contraloría General de Cuentas.

   3. Prevaricato del juez Víctor Cruz en caso TIGO

La empresa tigo recurre una diligencia de allanamiento sin ser sujeto procesal.

El MP solicitó al Juez de Diligencias Urgentes una orden de allanamiento a oficinas de la empresa TIGO, solicitud que fue autorizada por el juzgador el 22 de noviembre de 2017. Los allanamientos se ejecutaron el 23 de noviembre de 2017 y el expediente fue trasladado al Juzgado Noveno.

TIGO presentó un recurso de reposición el 30 de noviembre 2017 en contra del Juez de Diligencias urgentes por haber autorizado el allanamiento a sus oficinas. El 13 de febrero, la Juez Noveno no entró a conocer el recurso de reposición argumentando que la empresa TIGO no era sujeto procesal.

TIGO presentó un amparo en contra de la decisión de la Juez Noveno, el cual fue conocido por la Sala Tercera de Apelaciones. Ésta, en fallo del 22 de junio 2018, otorgó el amparo al considerar que la Juez Noveno debía entrar a conocer los recursos de reposición, dejando sin efecto la resolución del 13 de febrero 2018 y ordenando a la Juez Noveno dictar una nueva resolución.

   4. Fraude en la licitación de líneas y rutas de la ciudad de Guatemala a favor de la AEAU

En el año 2009, miembros de la Municipalidad de la Ciudad Capital, al más alto nivel, con el objeto de favorecer directamente a personeros de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU),  realizan lo siguiente:

(Artificio 1.) Modifican los reglamentos que regulaban el funcionamiento del transporte público en la ciudad de Guatemala, ajustándolos a la propuesta de organización del transporte que estaban gestionando los personeros de la AEAU con empresas brasileñas desde el año 2008.

(Artificio 2.) Organizan un concurso público en el que desde las mismas bases hasta la calificación de ofertas y asignación de ganador, personeros municipales de manera deliberada favorecieran los intereses de los personeros de la AEAU, otorgándole la concesión de líneas y rutas, no obstante que las entidades (vinculadas a la AEAU) no llenaban los requisitos de ley.

   5. Financiamiento Electoral Ilícito LIDER (II)

El Examen Especial de Auditoría realizado por el TSE al partido Líder, encontró contribuciones recibidas de forma anónima y no registradas hasta por Q 21.777.227,72, entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015.

Con base en ese Examen, el MP y la CICIG presentaron en  agosto de 2017 una solicitud de antejuicio contra el diputado Roberto Ricardo Villate Villatoro, secretario de Líder. En el mes de febrero de 2018 se declaró con lugar la formación de causa contra el diputado Villate Villatoro. 

   6. Impunidad Caso Fénix II

La CICIG  realizó un  análisis de la documentación contenida en cinco voluminosos casos judiciales y detectó la existencia de una antigua organización criminal que ha operado de manera estructurada en los diferentes momentos del delito, comenzando por los actos preparatorios, la conspiración para su comisión, la ejecución de conductas y la garantía de protección e impunidad para sus integrantes.

Los hechos que han conducido a la impunidad de esta estructura criminal  se remontan a por lo menos treinta años. Esta organización ha actuado en relación simbiótica con organismos de las  tres ramas del poder público, al igual que los entes de control y vigilancia, la banca privada, el sector profesional de abogados y notarios, y  todo un conglomerado de personas y empresas e instituciones que a manera de portafolio de servicios han aportado al logro de beneficios económicos exorbitantes como también obtener poder político.

Uno de los casos más emblemáticos en los que ha operado esta estructura para proveer impunidad, es el caso del desfalco millonario a los fondos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), ocurrido en el año 2002 y en el que el principal señalado ha sido el señor Gustavo Herrera.

Las conductas que se denuncian en esta ocasión son asociación ilícita, conspiración para cometer lavado de dinero u otros activos, encubrimiento propio, prevaricato, lavado de dinero u otros activos y obstaculización a la acción penal.

Es importante señalar, que hubo amparos ante la Corte de Constitucionalidad (CC), que buscaban que la CICIG continuará en Guatemala, pero la máxima corte negó cualquier petición.

Magistrados de la @CC_Guatemala resuelven No otorgar amparos para que continúe la CICIG en el país pic.twitter.com/xWmugSSnkW

— LiberalGt (@GtLiberal) August 28, 2019

 

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