Las declaraciones del presidente Bernardo Arévalo provocaron reacciones de diputados y respuesta del Ministerio Público
El presidente Bernardo Arévalo, en conferencia de prensa se refirió a los allanamientos en propiedades del exministro Félix Alvarado, a quien respaldó y calificó como ilegal que se haya secuestrado su pasaporte. Además, mencionó a Ligia Hernández, quien aceptó sentencia por aceptación de cargos. También, hizo énfasis en José Rubén Zamora a quien le revocaron las medidas sustitutivas.
La comparencia pública del mandatario, afirmó dos acciones concretas:
1. “nuestro Gobierno no permitirá que la fuerza pública ejecute ordenes ilegales, provenientes de un Ministerio Público criminalizador y arbitrario. E implementaremos un procedimiento para asegurar que toda orden sea ejecutada, de acuerdo a la Constitución y a la ley”
2. “he decidido citar con cáracter urgente a la Fiscal General del Ministerio Público, Consuelo Porras, para que explique inmediatamente su participación en la generación de esta crisis en nuestro sistema de justicia. En especial, sobre el rol que el Ministerio Público ha tenido en la instrumentalización de nuestra justicia, la limitación de la libertad de expresión y la persecución a periodistas, tal como lo ha señalada la CIDH y organos competentes de las Naciones Unidas. De igual manera por la falta de resultados en la lucha contra la corrupción, reflejada en la falta de debida diligencia a más de 170 denuncias presentadas por este gobierno”.
En los próximo días, estaremos informando sobre medidas adicionales, afirmó el presidente Arévalo
Tras conocerse las declaraciones, el Ministerio Público (MP), emitió un comunicado de prensa, en el cual da a conocer su postura.
La institución afirmó: “el Ministerio Público lamenta las declaraciones emitidas por el Presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, mismas que constituyen un intento de vulnerar la autonomía e independencia que la Constitución Política de la República y la legislación guatemalteca otorga al Ministerio Público y al Organismo Judicial”.
El documento también indica: “Ninguna autoridad podrá dar instrucciones al jefe del Ministerio Público o sus subordinados respecto a la forma de llevar adelante la investigación penal o limitar el ejercicio de la acción, salvo las facultades que la ley les concede a los tribunales de justicia”:
Por su parte, la abogada Karen Fischer al ser consultada acerca de las declaraciones, recordó que las órdenes en las que la Policía Nacional Civil y otras entidades auxilian al Ministerio Público no emanan de esa institución sino de juez competente.
La congresista, Sandra Jovel calificó de “desafortunadas”, las declaraciones del presidente Arévalo; señalando que “debería de conocer como mínimo cómo funcionan los tres poderes del Estado”. Jovel afirma que “Arévalo se está protegiendo a él y a su círculo”.
La diputada Jovel también hizo referencia a 10 meses de gestión, en la que los precios de la canasta básica van en aumento y las carreteras destruidas; entre otros temas.
“Él no puede instruir al Organismo Judicial, ni puede instruir al Ministerio Público porque es autónomo”, concluyó.
El diputado Álvaro Arzú, calificó de “lamentable”, la conferencia de prensa. Arzú, se refirió a que el Ministerio Público no le da órdenes a la Policía, sino son los jueces los que le dan las órdenes, por lo que pueden estar incurriendo en un delito. “Yo espero que esa orden no se lleve a cabo, por el bien de las personas involucradas en el tema, porque van a parar en la cárcel todos, si una orden de un juez no es acatada”.
La diputada independiente, Andrea Villagrán indicó que “la ley establece claramente, que si son ordenes ilegales se pueden desobedecer”. Villagrán se refirió al mecanismo que están estableciendo para determinar qué ordenes son legales y cuales ilegales.
Y aunque, el presidente Arévalo afirmó que este lunes 18 de noviembre se enviaría la invitación o citación a la Fiscal General del Ministerio Público (MP), ésta no fue enviada aún.
Durante una actividad, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo indicó:
“Para evitar que nuevamente se haga uso malicioso de la ley, y con ello evadir la asistencia y participación de la fiscal general con base a la Ley Orgánica del MP, se están consolidando todos los argumentos legales que fortalezcan la posición y propósitos del gobierno de cara a la invitación.”
Mientras tanto, en redes sociales, hay múltiples comentarios con relación al mensaje del presidente Arévalo, algunos publicaron los siguientes supuestos delitos en los que podría haber incurrido el mandatario:
• Abuso de Autoridad (Artículo 418 del Código Penal)
• Tráfico de Influencias (Artículo 449 del Código Penal)
• Obstrucción de Justicia (Artículo 463 del Código Penal)
• Usurpación de Funciones Públicas (Artículo 450 del Código Penal)
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