Ley contra la Ciberdelincuencia atenta contra la libertad de expresión afirman sectores
Tras la aprobación del Decreto del Congreso de la República 39-2022 “Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia”, diversos sectores de prensa y organizaciones sociales han pronunciado su rechazo, considerando que violenta el Artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala, acerca de la Libertad de Expresión.
Aunque la ley tipifica delitos como:
- Ciberdelincuencia
- Ciberdelitos
- Ciberdefensa
- Fraude informático y
- Protección de datos personales en internet
El rechazo manifiesto es específicamente al artículo 9. Acceso ilícito de datos con información protegida. Comete el delito de acceso ilícito a datos con información protegida:
a. quien sin autorización o excediendo la que posea, sin permiso o consentimiento legalmente reconocido, obtuviere, se apoderare o se apropiare de un dato personal o datos informáticos sensibles o información confidencial de carácter personal, familiar o comercial, contenidos en un sistema informático o sistema que utilicen tecnologías de la información y las comunicaciones de naturaleza privada o pública.
b. quien sin autorización o excediendo la que posea, sin permiso o consentimiento legalmente reconocido, obtuviere, se apoderare o se apropiare de un dato o datos informáticos o información confidencial de carácter personal, familiar o comercial, que se encuentre en archivos o registros de naturaleza pública y que por disposición de ley o de la Constitución Política de la República de Guatemala sean de carácter confidencial, reservado o sensible.
Se le impondrá la pena de prisión de cuatro a seis años y multa de cuarenta a doscientos salarios mínimos mensuales vigentes para actividades no agrícolas.
Se excluyen de la aplicación de este artículo, los casos de libertad de expresión reconocidos en convenios y tratados de los que Guatemala forme parte en materia de derechos humanos y los derechos que otorga expresamente la Constitución Política de la República.
Este delito será de acción pública dependiente de instancia particular, salvo que se vean afectados datos protegidos por la ley de acceso a la información pública o afectaciones masivas.
En este sentido, las entidades de prensa han emitido pronunciamientos de desacuerdo a la ley de Prevención y Protección a la Ciberdelincuencia.
La Cámara Guatemalteca de Periodismo mostró su preocupación porque los funcionarios públicos que están sujetos al escrutinio y fiscalización puedan usar esta normativa para violentar la libre emisión del pensamiento, Art. 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
La APG, manifestó “La Asociación de Periodistas de Guatemala, manifestó su rechazo a las iniciativas de ley contra ciberdelincuencia e iniciativa que pretende fortalecer las fuerzas de seguridad, con las cuales “, el Congreso pretende criminalizar las publicaciones.
En redes sociales, los guatemaltecos también han mostrado su descontento ante la ley que busca violentar la libre emisión del pensamiento y evitar que funcionarios que tienen obligación de informar de su labor y que están expuestos al escrutinio público no puedan ser expuestos.
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