Magdalena demanda certeza jurídica ante usurpaciones, CAMAGRO y ASAZGUA se unen al llamado
Magdalena denunció que, “pese a contar con varias sentencias dictadas por Salas de la Corte de Apelaciones y por la Corte de Constitucionalidad, un grupo criminal continúa actuando fuera de la ley utilizando argucias y documentos falsos para intentar de manera violenta retomar la posesión ilícita de tierras ubicadas en La Democracia, Escuintla que han estado bajo legítima posesión de la entidad por más de 70 años y utilizadas para labores exclusivamente agrícolas desde hace 40 años.
De acuerdo con Magdalena, los hechos parecieran indicar que hay manipulaciones que retrasan injustificadamente el proceso judicial. Por ejemplo, los involucrados han sido citados más de 4 veces al Juzgado para llevar a cabo su primera declaración, pero las audiencias han sido suspendidas y uno de los implicados incluso no se ha presentado.
En otra ocasión, el Juzgado de Primera Instancia Penal de Santa Lucía Cotzumalguapa suspendió la audiencia indicando que el representante de Magdalena no estaba presente, pese a que su representante legal y abogado ya se habían acreditado ante el secretario de dicho Juzgado. Inclusive el juez ha sido recusado tres veces y, no obstante tener limitación para seguir conociendo del proceso por imperativo legal, continúa conociendo el mismo.
De acuerdo con Magdalena, estos retrasos no solo favorecen arbitrariamente a los sindicados sino también entrampan el caso y ponen en riesgo la certeza jurídica y el respeto al debido proceso, por lo que el día de hoy hizo un llamado a los jueces a mantener su objetividad e imparcialidad, resaltando la importancia de enmarcar sus decisiones dentro de la ley y evitar más demoras injustificadas en el proceso.
Magdalena explicó que las 120 caballerías fueron usurpadas desde septiembre de 2020 y luego de tres años de un proceso legal con múltiples atrasos, se logró recuperar las tierras el 1 de febrero de 2024 tras una serie de allanamientos con el apoyo de las autoridades pertinentes. Desde entonces, el Ministerio Público emitió órdenes de aprehensión para los supuestosi nvolucrados, pero hasta la fecha ninguna ha sido ejecutada, pese a que durante la usurpación estos grupos armados amenazaron de muerte y tomaron por la fuerza al personal presente en las fincas, los tuvieron amarrados y les restringieron su movilización. Además, durante los allanamientos, atentaron contra la vida de personeros de Magdalena y autoridades gubernamentales.
Junto a estas órdenes de aprehensión, Magdalena denunció hoy que existen otras solicitudes que se siguen postergando como parte del proceso, lo que lleva a concluir que este grupo criminal está dispuesto a continuar emprendiendo cualquier acción ilegal e ilegítima dentro de las instituciones judiciales con el fin de recuperar su presencia en la zona.
De hecho, después de los allanamientos, el ingenio tuvo que desmantelar 5 helipuertos y tres pistas de aterrizaje en una de las fincas que habían sido instaladas sin los permisos correspondientes por este grupo criminal, que durante el tiempo que se mantuvo en posesión ilegal de las tierras, contaba con más de 150 personas con armas de asalto dentro de las fincas para intimidar a los propietarios y vecinos del área.
Representantes de la Asociación de Azucareros de Guatemala (CAMAGRO), el Observatorio de Derechos de Propiedad y la Cámara del Agro se unieron al llamado de Magdalena para que los jueces e instituciones encargadas de velar por la justicia actúen de forma imparcial y objetiva, con prontitud y firmeza, apegados a lo que manda la ley en el proceso de usurpación agravada de tierras en La Democracia, Escuintla, por un grupo criminal que ha intentado tomar posesión de las mismas mediante documentos falsos y el uso de la fuerza.
De acuerdo con estas tres instituciones, el derecho de la propiedad es uno de los derechos fundamentales de los guatemaltecos, que juega un papel elemental en el desarrollo económico y social de las personas y del país. De hecho, es obligación del Estado, de acuerdo a la Constitución Política, garantizar este derecho, por lo que es esencial asegurar la transparencia en el actuar de los funcionarios e instituciones públicas a cargo de asegurar el mismo.
La Asociación de Azucareros de Guatemala (ASAZGUA), el Observatorio de Derechos de Propiedad y la Cámara del Agro señalaron que es imprescindible que los jueces eviten retrasos injustificados en este caso, así como cualquier medida dilatoria en detrimento del respeto a los tiempos del debido proceso. Las tres entidades resaltaron la importancia de acciones y decisiones diligentes enmarcas en ley para preservar el valor de la propiedad privada y construir una sociedad donde prevalezca la certeza jurídica y el Estado de Derecho
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