Magistrados de la CC califican de “política, espuria e ilegítima”, querella en su contra

Mediante un memorial presentado ante el Juzgado Undécimo de Primera Instancia, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), Bonerge Mejía, Francisco de Mata y Gloria Porras buscan que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechace in limine las diligencias de antejuicio en su contra, considerando que la denuncia es política, espuria e ilegítima.

La Corte de Constitucionalidad se ampara en el artículo 167 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y la jurisprudencia desde 1995, que establecen claramente que: “Los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo”.

El comunicado emitido por la CC, señala “Es imperativo enfatizar que la aplicación de la jurisprudencia es de carácter obligatorio para los órganos jurisdiccionales, con el objetivo de unificar la interpretación y aplicación del derecho para lograr así, seguridad jurídica.  En tal sentido, señalamos que la Corte de Constitucionalidad, en forma preventiva, ha otorgado amparos provisionales que evitaron que normativas, a las que se les atribuyó el riesgo de vulneración de derechos fundamentales, entraran en vigencia.  Así mismo, se han emitido diversas sentencias que han amparado a Magistrados denunciados por opiniones emitidas en el ejercicio de sus cargos”.

La causa de la denuncia y la solicitud de antejuicio se originó por la resolución del 18 de julio de 2019, por el caso de la Iniciativa de Reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, que ordenó al Congreso de la República suspender el proceso legislativo en esta iniciativa de ley.   Ante esta resolución el Legislativo presentó una querella contra los magistrados de la CC

Ante la disposición del Congreso, el diputado Fernando Linares Beltranena, fue de los primeros en pronunciarse ante la resolución e indicar que presentaría la querella contra los magistrados.

Antecedentes:

La iniciativa 5377  que busca reformar la Ley de Reconciliación Nacional con el propósito de lograr amnistía total para las personas perseguidas tras el Conflicto Armado Interno.

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