Ministerio Público presenta caso “Universidad de San Carlos de Guatemala: Botín Político”
Este 16 de noviembre, se desarrolló un operativo de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC). Éste constaba de 31 allanamientos en seguimiento a investigación en curso.
En el transcurso del proceso se conoció que se trataba del caso “Universidad de San Carlos de Guatemala: Botín Político” y las órdenes de aprehensión fueron giradas por la posible comisión de los delitos de usurpación agravada en forma continuada, depredación de bienes culturales en forma continuada, sedición en forma continuada y asociación ilícita. Durante conferencia de prensa, en ente investigador informó acerca de los resultados obtenidos por el caso presentado. Dimas Jiménez, fiscal regional de Coordinación Nacional del Ministerio Público (MP), “el día de hoy el Ministerio Público va a darles detalles técnicos de una investigación desarrollada por la Fiscalía contra el Patrimonio Cultural de la Nación, esta fiscalía tiene competencia para conocer delitos contra el patrimonio cultural de la Nación, esta investigación se desarrolla en el marco de diversas denuncias presentadas por la toma de la universidad de San Carlos”. Según la investigación se determina la comisión de supuestos hechos delictivos.
El MP indicó que las personas aprehendidas deberán presentarse en una primera declaración, en dónde el juez determinará si serán ligadas a proceso o no, según el debido proceso constitucional. El Juez Décimo de Primera Instancia Penal, Víctor Manuel Cruz Rivera solicita la captura de 27 personas, las cuales enlistamos a continuación, de éstas 5 se lograron hacer efectivas: 1. Andrea Marcela Blanco Fuentes, 23 años 2. Rodolfo Chang Shum, 63 años 3. Alfredo Enrique Beber Aceituno, 63 años 4. Eduardo Antonio Velásquez Carrera, 67 años 5. Javier Alfonso de León Gómez, 26 años
En los próximos días, el Ministerio Público presentará el retiro de antejuicio contra los siguientes funcionarios, entre ellos el binomio presidencial electo, Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
Según la línea del tiempo que el MP presentó señala: “Además se pudo observar que existía vulneración y violencia en contra de los bienes de la Universidad, además de existir otros ilícitos, por lo que tomaron la decisión de denunciarlo ante el ente encargado de la persecución penal. El modus operandi de las personas que se investigan en el presente caso se encuentra relacionada a inconformidad respecto a la elección del nuevo Rector de dicha casa de estudios, elección que se suscitó entre los meses de abril y mayo del año 2022, por lo que al no ser electo el candidato a Augusto Jordán Rodas Andrade, tomaron en principio la Rectoría desde el 27 de Abril del año 2022 y en consecuencia la totalidad del campus central, de mayo de 2022 hasta el 9 de junio del 2023. Hechos que impedían desde dichas fechas el ingreso a la Universidad tanto de las autoridades, maestros, trabajadores como también a todos los alumnos de las diferentes facultades de las que se conforma el campus central universitario”. El MP señaló que los daños en la USAC por los destrozos de la toma alcanzan más de Q90 millones. Se efecto a más de 250 mil estudiantes y se destrozaron más de 4 mil títulos.
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