MP presentó antejuicio contra jueza que otorgó medidas sustitutivas a magistrados del TSE
A través de la Fiscalía de Delitos Administrativos, el Ministerio Público (MP) presentó una solicitud de retiro de antejuicio contra la jueza, Karen Jeanette Chinchilla Menéndez, del Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad, Especializado en Delitos contra el Ambiente y Patrimonio Cultural de Guatemala, por la posible comisión de los delitos de prevaricato y abuso de autoridad.
Según el comunicado emitido por el ente investigador, la acción es por la resolución de: “el 14 de marzo de 2024, en la que se otorgó medida sustitutiva a favor de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Elizabeth Palencia Orellana, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, Ranulfo Rafael Rojas Cetina y Mynor Custodio Franco, vinculados en la investigación que se realiza por posibles irregularidades en la suscripción del contrato administrativo para adquirir el programa informático para la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) del proceso electoral 2023”. La Fiscalía indica que “el delito de fraude por el cual fueron ligados a proceso los sindicados constituye un delito grave, por lo que las medidas sustitutivas otorgadas afectan grave, por lo que las medidas sustitutivas otorgadas afectan grave y perjudicialmente al Ministerio Público al limitarse la investigación, pues desde el momento en que los sindicados acuden nuevamente a ejercer sus funciones en la sede del TSE, pueden destruir, modificar u ocultar elementos de prueba; asimismo, influir en testigos o peritos para que se comporten de manera desleal o reticente, puedan ser objeto de represalias o ser coaccionados para no declarar, pues los sindicados son la máxima autoridad del TSE y algunos testigos aun laboran en dicha institución”.
Se hace referencia a la caución económica de Q100 mil a cada sindicado, lo cual califican de desproporcional, debido a que lo supuestamente defraudado equivale a Q148 millones 850 mil, 250, por la compra del TREP, por lo que “abusando de su cargo y de su función y a sabiendas de lo establecido en el Código Procesal Penal”, en el cual se hace referencia a la proporcionalidad, la jueza habría emitido resolución contraria a la establecida en la ley. La Fiscalía afirmó que “la jueza dictó resolución contraria a la ley al no decretar prisión preventiva, incumpliendo los parámetros legales establecidos en los artículos 282 y 263 del Código Procesal Penal, consistentes en inobservar los peligros de fuga y obstaculización para la averiguación de la verdad”. El Ministerio Público hace referencia a que el Congreso de la República declaró con lugar la solicitud de antejuicio contra los magistrados titulares del TSE, sindicados; el pasado 30 de noviembre de 2023, posteriormente los sindicados salieron del territorio guatemalteco. Se indicó que el informe del Instituto Guatemalteco de Migración, el pasado 21 de marzo de 2024, informó que los sindicados no registran la forma de como ingresaron y retornaron al país, tras haber salido en la fecha indicada anteriormente, la situación que según la Fiscalía refuerza el peligro de fuga. Porque se demuestra que tienen facilidad de entrar y salir del país sin control. La Fiscalía denunció que la jueza no permitió la aprehensión de los sindicados, aún cuando no se habían revocado las mismas. Además, se suspendieron las audiencias programadas ese día, en ese juzgado para supuestamente beneficiar a los sindicados. El MP informó que acudió al juzgado en mención para recabar información y aunque la audiencia estaba señalada para el 19 de abril de 2024, se indicó que no había causa judicial, “que no existía audiencia señalada, lo que demuestra interés en beneficiar a los sindicados”. La Fiscalía también solicitó la recusación de dicha jueza con la finalidad de que se designe a un nuevo juez contralor dentro del caso. El ente investigador espera lograr la indagación objetiva e imparcial que permita establecer si existe la comisión de hechos delictivos y lograr la averiguación de la verdad.
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