SAT denuncia una Estructura de Defraudación Tributaria “B410”
Durante conferencia de prensa, el Superintendente de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz, informó de una estructura de defraudación tributaria que según las evidencias documentales que han logrado recabar habría operado en varias instituciones del Estado, municipalidades entre otras entidades.
Díaz, estuvo acompañado de los intendentes de Fiscalización, Atención al Contribuyente, Asuntos Jurídicos, Recaudación y Aduanas; además, denunció la identificación de una Estructura que posiblemente cometió defraudación tributaria por más de Q300 millones.
Derivado del uso de diversas herramientas de fiscalización con que cuenta la Administración Tributaria y el uso del Módulo de relacionamientos, se pudo determinar al menos 410 empresas que conforman esta Estructura con varias similitudes: mismo representante legal guatemalteco y socio, establecido en Belice. Además, el 75% de estas empresas fueron constituidas por el mismo notario.
Esta información permitió establecer el comportamiento de operación de la Estructura B410, basado en el registro del mismo representante legal y perito contador, domicilios fiscales no localizados, principalmente en zonas rojas; además que no presentan evidencia de infraestructura para el desarrollo de sus actividades, con alteración de documentos para registro ante SAT y subdeclaraciones.
Durante el procesamiento de los datos, se constató que entre el 2021 y el 2023, las ventas de esta Estructura según los registros FEL ascendieron a Q5,730 millones. También, se identificó a 9 contribuyentes del B410 que le venden de forma directa al Estado de Guatemala, que según adjudicaciones en Guatecompras representan más de Q81 millones 761 mil.
De igual manera, se confirmó que 16 contribuyentes le vendieron al Estado más de Q4,342 millones y que le adquirieron a esta Estructura más de Q375 millones en bienes o servicios (llantas, fletes, fresado en proyectos, subarrendamientos de excavadoras, logística para distribución de materiales, artículos de limpieza, entre otros).
Por último, la SAT identificó a 2 contribuyentes de esta Estructura que venden bienes o servicios a 5 constructoras proveedoras del Estado. Dentro de la investigación se determinó que dentro de los vínculos resalta el mismo firmante de cuentas, representantes legales, movimientos de cheques entre parientes cercanos, entre otros determinados a través de un relacionamiento financiero.
SAT, como parte de su compromiso con la transparencia, como garante y protector de los recursos del Estado, presentó las denuncias correspondientes ante los entes competentes de justicia, además de brindar copias de esta denuncia al Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas y a la Procuraduría General de la Nación, debido a que esta estructura únicamente pagó Q26.9 millones en impuestos entre IVA e ISR, de los más de Q5,700 millones facturados.
Por lo que, luego de 32 auditorías realizadas, se determinó un menoscabo fiscal por más de Q300 millones en impuestos que representan posible defraudación tributaria. Asimismo, reiteramos que otros contribuyentes de esta misma Estructura están siendo analizados y podrían representar más de Q800 millones adicionales.
El jefe de la SAT comentó que presentaron una denuncia ante un juzgado y remitieron una copia al Despacho de la fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, entidad con la que han trabajado en concordancia en temas de contrabando y defraudación. Marco Livio Díaz, explicó que se podría reunir con Porras para tratar este caso.
El Superintendente hace un llamado a las instituciones del Estado, al sector privado, a la sociedad civil y a los demás sectores productivos, a no ser parte ni dejarse engañar por estos grupos, ya que promueven la defraudación tributaria y la competencia desleal. Además, añadió que desde la SAT se continuarán estableciendo mecanismos para la detección de estas estructuras, respetando los derechos del contribuyente y garantizando la correcta recaudación para que el Estado de Guatemala pueda ejecutar las acciones tendientes a velar por el desarrollo sostenible del país.
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